Urge la investigación al Clan ZI tras salida del poder de Cartes

Noticia en destaque 31 de agosto de 2018 Por
Pese al aparente aflojamiento de la promesa de lucha frontal contra la impunidad de la que hace gala Marito defendiendo a su compañero de movimiento en Añetete, el diputado José María Ibáñez-que cometió el comprobado tráfico de influencias que es pasible de pérdida de investidura-, la voluntad férrea anticorrupción deberá aparecer en el caso de las denuncias sobre irregularidades en la gestión del Clan Z en Alto Paraná y Ciudad del Este, contra el senador Javier Zacarías Irún y su hermano el diputado exgobernador Justo Zacarías Irún.
clan z

Después de los severos cimbronazos en las relaciones entre los poderes del Estado, que ocurrieron por el caso del veto a los juramentos de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes como senadores activos, por el motivo que la Constitución sólo los habilita para senadores vitalicios, la verdadera madre de todas las batallas contra la impunidad y la corrupción, se tendrá con el caso de la investigación y sanción por las denuncias contra la administración del Clan Zacarías tanto en la gobernación del Alto Paraná como en la municipalidad de Ciudad del Este.

Actualmente se está teniendo indudablemente una suerte de reacomodo del Poder Judicial con el nuevo poder en formación del Ejecutivo de Marito Abdo, que está acompañado por la aún incierta mayoría parlamentaria que ya ha empezado a mostrar sus primeras ambiguas tomas de posición, como el caso de la defensa corporativa al diputado José María Ibáñez, beneficiado con leve condena y eximido de un juicio oral e incluso de posible prisión con solo donar un generador eléctrico a una institución de caridad pública, pese a la gravedad de los hechos de corrupción que se le atribuyen por haber utilizado dinero del erario para su propio beneficio al contratar caseros de su quinta de Areguá a sueldo de Diputados.

De nuevo, por lo visto, la vara de la Justicia depende en última instancia del “parecer” político, esta vez ya como una especie de defensa corporativa de los legisladores, donde están metidos tanto los de Colorado Añetete como los cartistas, además de los liberales, con la excepción de 6 de éstos, y la honrosa excepción de los nuevos diputados de partidos menores.

Lo llamativo del caso es que, como en todas las decisiones políticas, priman los intereses del poder y seguramente la intención es no dividir la bancada colorada, cuando hay votos que cuidar para que Añetete le tenga bajo control al cartismo y merme su poder en la interna de la ANR, así como los propios legisladores temen una suerte de efecto dominó con otros colegas investigados, para no aplicar el mecanismo constitucional de la pérdida de investidura.

Si así actúan los diputados y senadores, habrá que ver cómo lo harán cuando sobrevengan los resultados de las investigaciones en curso contra el exgobernador de Alto Paraná y actual diputado nacional, Justo Zacarías Irún, y en el momento en que el nuevo senador Javier Zacarías Irún, el vocero cartista en el Senado, también sea pasible de investigación y sanción por el manejo discrecional que tuvo en la intendencia de Ciudad del Este junto a su esposa intendenta, actualmente en el cargo, Sandra McLeod, entre 2001 y 2018, en total 17 años.

 

Decae el poder cartista

Tanto las decisiones de los parlamentarios como las mismas resoluciones judiciales revelan de algún modo la decadencia del poder del presidente saliente, Horacio Cartes, por lo que no debe sorprender que se pueda ahondar en las auditorías e investigaciones sobre la gestión del Clan ZI, tanto en la gobernación departamental como en el municipio de CDE, siendo incluso promesa electoral de Añetete, que empieza a ser manejada como una de las primeras medidas del nuevo gobernador Roberto González Vaesken, que responde precisamente a las directivas de Marito.

La anulación por la Corte Suprema de la fuerte condena en dos instancias judiciales a los campesinos acusados de la masacre de Curuguaty, es el barómetro por el cual se puede medir el grado de merma en la influencia cartista sobre la Justicia, que a estas alturas ya resulta una cuestión más que evidente y que indica la “crueldad” de la llanura para HC.

Tanto la fiscala general, Sandra Quiñónez, puesta por Cartes en el cargo, como los voceros de éste, y es el caso del mismo Javier Zacarías Irún, alzaron su voz de desaprobación ante la decisión de los camaristas, que integraron la sala penal de la Corte por el desbande de los ministros que se inhibieron de atender el recurso de casación planteado por la defensa de los campesinos, convertido en un verdadero “pelota tata”.Los magistrados entendieron que se debía anular las condenas por no existir suficientes elementos probatorios de que la matanza fue realizada efectivamente por los campesinos, a pesar de la muerte de 11 de éstos y de 6 policías, por lo que, finalmente, ha quedado impune la carnicería que motivara el juicio político y destitución de Fernando Lugo, en 2012, abriéndose incluso las puertas para que este luctuoso suceso pueda ser de nuevo objeto de investigación por abarcar delitos de lesa humanidad, que no prescriben. El caso Curuguaty, así como la defensa corporativa del diputado Ibáñez, configuran aristas bien diferentes entre sí, pero que van demostrando la forma en que la mafia judicial-política se va acomodando a los vientos del nuevo poder que va hilvanando Marito, cual un consumado “mago” para abrir las cajas de pandora de nuestros laberintos políticos criollos. Lo único claro en este panorama confuso y ambiguo es la forma paciente y sagaz con que Marito ha venido corroyendo el súper poder cartista, tanto en el Parlamento como en el Poder Judicial, faltándole sólo conseguir que la nueva fiscala general nombrada por HC se allane también a la “orientación” abdista de arremeter con las investigaciones contra Cartes y, en simultáneo, se anime a indagar por fin las trapisondas del Clan Zacarías en Ciudad del Este y el Alto Paraná, donde resalta el maridaje y protección del mismo HC para que el astuto Javier, junto a su esposa y hermano, se beneficien del blindaje fiscal-judicial por años, hasta que ahora incluso ya cuenten con el blindaje que les dan los fueros parlamentarios.

Pérdida de investidura

A propósito, el diputado Jorge Antonio Britez dijo que su colega Justo “Lucho” Zacarías Irún también debe perder su investidura y ser expulsado de la Cámara Baja, tal como debe ocurrir con José María Ibáñez, para enfrentar los supuestos casos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Alto Paraná. A estar por lo solicitado por Britez, del mismo movimiento de Paraguayo Cubas, Cruzada Nacional, se viene la prueba de fuego para Colorado Añetete, que en estos momentos le está dando oxígeno a Ibáñez, pero que también debería impulsar la pérdida de investidura a “Lucho” Zacarías, con el fin de ser expulsado de la Cámara Baja, debido a los supuestos casos de corrupción cometidos por éste durante su gestión como gobernador departamental.

Britez no ahorró adjetivos contra el miembro del clan Z: “Lucho Zacarías Irún es un bandido, le conocemos bien a esta gente. El gallinero de oro, por ejemplo, costaba G. 9.000.000 e hicieron facturar prácticamente casi G. 15.000.000 y las galletitas de oro que estaban a G. 3.000 el kilo, ellos hicieron facturar la licitación a G. 20.000 el kilo”, resaltó.

Las investigaciones que vendrán son inevitables, toda vez que con la ausencia de HC de la escena política activa conduce a la merma significativa de la capacidad de influir del cartismo sobre la Justicia, que era precisamente el blindaje por excelencia para el Clan Z.

Marito consiguió lo que buscaba al evitar la presencia de Horacio en el Senado, hasta el punto que viajó a Estados Unidos con la confirmación de la “renuncia” de HC a seguir insistiendo en forma empecinada por el sueño de la banca activa. Fue un “mensaje” oportuno para la potencia hegemónica, con el fin de evitar alguna que otra amenaza de procesos en los exigentes tribunales norteamericanos.

Mientras tanto, Marito contentó a Nicanor Duarte Frutos con el sabroso “asado” de Yacyretá, al tiempo que también deja satisfecho a Cartes al solventar con votos de Añetete el compromiso asumido con Mauricio Macri para la construcción de la central de Aña Cuá y de trasladar el tema de la deuda del emprendimiento binacional a un interminable lapso de pago de 30 años, haciendo prevalecer la copropiedad paraguaya del 50 por ciento de la represa, y pese a que el Paraguay prácticamente no consume la electricidad que le corresponde ni en una mínima cantidad.

 

Todo sea por la “Paz y Progreso” de los próximos 5 años, a la espera ahora de la renegociación que se viene en 2023 del Anexo C de Itaipú con los brasileños.